El proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia fue acompañado en forma unánime y tuvo como miembro informante del oficialismo a Lucas Pica.

El legislador explicó que la ley 2938 estableció cómo agotar la instancia administrativa para que un acto administrativo pueda ser revisado en sede judicial. Esa ley determina que, en principio, todos los actos actos administrativos del Poder Ejecutivo, para permitir el agotamiento de la vía administrativa y posterior paso a la reclamación y revisión en sede judicial, tienen que tener una última resolución del titular del Poder Ejecutivo, o sea del gobernador o gobernadora.

Todas aquellas leyes que tienen una modalidad distinta de agotamiento de la instancia administrativa para habilitar la revisión judicial son los procesos especiales, que están contemplados en más de 20 leyes, como la del Tribunal de Cuentas, la de Defensa al Consumidor, la del EPRE, entre otras.

Al comenzar a funcionar los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y dado el criterio subjetivo receptado en el Código Procesal Administrativo, se hizo necesario definir y unificar la modalidad de acceso a la jurisdicción con el objeto de regular un sistema único que dé previsibilidad jurídica e igualdad de trato en la instancia procesal.

Pica aseguró que con esta iniciativa “se unifican todos estos procesos especiales, se da certeza, claridad, previsibilidad y seguridad para que los administrados puedan revisar estos actos administrativos y reclamar en sede judicial”. Nicolás Rochas, del Frente Renovador, coincidió en que la iniciativa otorga certeza y claridad a los operadores judiciales en defensa de los ciudadanos.