En la Legislatura de Río Negro, la legisladora Magdalena Odarda impulsa un proyecto de ley destinado a disolver el actual Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía.

La propuesta surge como respuesta a la trágica muerte del oficial Gabriel Mandagaray, quien falleció el 15 de abril de 2021 durante una capacitación que “expuso la utilización de métodos violatorios de las garantías constitucionales en la fuerza pública”.

El Caso Mandagaray

En los fundamentos del proyecto, la autora califica la muerte de Mandagaray como un “delito de homicidio agravado por la existencia de torturas”. Se trata de “el primer caso en la historia constitucional de la provincia en que un integrante de la Policía muere bajo estas circunstancias en un entrenamiento organizado por la propia fuerza”.

Odarda explica que durante la reconstrucción del hecho, se reveló que Gabriel y sus compañeros fueron sometidos a “todas las torturas y vejámenes a los que fueron sometidos”. Pese a que Mandagaray advirtió que no sabía nadar, fue obligado a ingresar al mar con uniforme, borceguíes y armas. De los testimonios surgió la respuesta inapropiada de los funcionarios: “no importa, la mierda flota”.

Sustitución y Estándares de Derechos Humanos

Ante estos hechos, la legisladora considera “imprescindible disponer el reemplazo del grupo COER… por un nuevo grupo especial que cumpla con los fines y valores que deben regir a una fuerza de seguridad democrática”.

El proyecto de ley propone la creación del “Grupo Especial General San Martín” de la Policía de Río Negro. La nueva unidad, que absorberá a los miembros del COER sin antecedentes penales, deberá actuar con “respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.

Entre las modificaciones clave a la Ley Orgánica Policial (ley N° 5184), el artículo 67 bis establece que su intervención estará “expresamente excluida… a los fines de la represión de la protesta social”, una función que el COER ejerció en varias oportunidades, incluso utilizando gases lacrimógenos contra docentes y legisladores.

Además, se establece que la capacitación anual será obligatoria y deberá ser impartida por instructores formados, prohibiendo que los propios jefes de los cursantes dicten o evalúen los contenidos para evitar la repetición de prácticas deshumanizantes.