En una jornada de debate en reunión plenaria de comisiones, avanzó con dictamen favorable por mayoría el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo rionegrino que propone modificar la Ley K N° 2753. La reforma busca transformar el esquema de cobertura médica estatal para los trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y de los municipios, pasando de un modelo de afiliación obligatoria a uno voluntario u optativo.

Durante la discusión legislativa se introdujeron modificaciones técnicas para responder a diversos planteos. En la nueva redacción se estableció que los afiliados que decidan darse de baja deberán permanecer un mínimo de 12 meses en su nueva obra social o prepaga, y podrán solicitar su reingreso al instituto estatal luego de 36 meses, sin quedar sujetos a períodos de carencia. Por otra parte, la norma excluyó de manera explícita de este derecho de opción a los cargos electivos, funcionarios políticos, magistrados y magistradas del Poder Judicial.

El debate contó con la participación de la conducción del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR). El secretario general del gremio, Marco Calarco, cuestionó el enfoque de la iniciativa señalando que la problemática central del IPROSS reside en su esquema de financiamiento y prestación de servicios, más que en el carácter obligatorio de la afiliación. A su vez, Emiliano Sanhueza reclamó mayor transparencia e informes pormenorizados sobre la administración de recursos y el estado de las deudas que sostienen los municipios y los poderes del Estado con la obra social.

En el plano político, el bloque del PRO, a través del legislador Juan Martin, solicitó hacer uso de las 48 horas de reserva expresando reparos sobre la celeridad del trámite e insistiendo en la necesidad de garantizar un servicio médico sustentable para las familias afiliadas. Posiciones similares adoptaron las bancadas de VcT y PJ-NE, que también requerirán el plazo legal para terminar de definir sus dictámenes de cara al tratamiento en el recinto.