La Legislatura de Río Negro aprobó con amplio acompañamiento la ley impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, la cual elimina la obligatoriedad de permanencia en la obra social provincial IPROSS y autoriza a los trabajadores estatales a elegir de manera libre su prestación de salud. La medida alcanza tanto a agentes públicos en actividad como a jubilados y a sus respectivos grupos familiares.

El proyecto resultó sancionado por 35 votos afirmativos y 9 en contra —correspondientes a bloques del peronismo—, concretando así el anuncio realizado por el Ejecutivo provincial semanas atrás. La nueva normativa busca garantizar la libertad de elección de los afiliados y, al mismo tiempo, fomentar una mayor competitividad en el sistema de atención médica provincial.

Claves del nuevo esquema y plazos de opción

Según lo establecido en el texto normativo, aquellos agentes que decidan ejercer el cambio de cobertura deberán permanecer un período mínimo de 12 meses en la obra social o prepaga seleccionada. Transcurrido ese plazo, los afiliados contarán con la posibilidad de elegir una nueva entidad.

Asimismo, la ley contempla que al cumplir 36 meses desde la primera opción de cambio, el trabajador podrá solicitar su reincorporación al IPROSS como afiliado obligatorio directo sin sufrir períodos de carencia. Para garantizar el resguardo sanitario de los estatales, la norma asegura la continuidad ininterrumpida de las prestaciones y tratamientos médicos vigentes durante el proceso de traspaso, así como la reincorporación automática a IPROSS en caso de que la cobertura privada cese por motivos ajenos al usuario.

Libertad, competencia y exigencia al sistema

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que este cambio no apunta a debilitar a la estructura pública, sino a elevar la calidad prestacional. "Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda. Esta decisión permitiría que siga creciendo y mejorando su prestación", expresó el mandatario provincial.

El nuevo marco busca generar un impacto directo en tres áreas principales: ampliar los derechos de elección de los empleados públicos, instar al IPROSS a modernizar sus delegaciones y procesos para retener afiliados, y presionar a prestadores privados, sanatorios y profesionales para optimizar los turnos y evitar el cobro indebido de plus médico.