Con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar que la respuesta del Estado llegue tarde, ingresó a la Legislatura rionegrina un proyecto de ley que busca otorgar celeridad y preferencia en la tramitación de causas judiciales a las personas mayores de sesenta años.

La iniciativa, impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), establece un régimen de prioridad absoluta bajo el argumento de que las demoras en los litigios adquieren una gravedad cualitativamente distinta en la tercera edad, donde el paso del tiempo no representa una simple incomodidad, sino el riesgo real de que la justicia no llegue a concretarse.

El texto legislativo plantea una reforma integral en los tiempos de espera: propone reducir a la mitad todos los plazos procesales genéricos y administrativos para los beneficiarios.

Para que la medida tenga un impacto práctico e inmediato, el proyecto estipula una modificación en el sistema de gestión judicial electrónico de la provincia, conocido como PUMA. La propuesta contempla la incorporación de un campo de tildado obligatorio en el que los abogados deberán declarar la condición etaria de su representado al iniciar cualquier presentación. Una vez detectado el caso, el sistema emitirá una alerta automática que obligará a los magistrados a resolver el expediente con antelación frente a otras causas del mismo juzgado.

Entre los puntos más destacados, la norma prevé la habilitación de días y horas inhábiles en aquellos casos de extrema urgencia donde se encuentre comprometida la salud o la subsistencia de la persona mayor.

Por otro lado, para garantizar el uso correcto de esta vía preferencial, la ley incorpora un mecanismo de control estricto: se fijarán sanciones disciplinarias catalogadas como "falta grave" para aquellos profesionales del derecho que invoquen falsamente la edad de las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida.

El proyecto iniciará ahora su recorrido por las comisiones parlamentarias de la Legislatura de Río Negro, donde se debatirá su viabilidad técnica y presupuestaria antes de llegar al recinto para su votación.