Se trata de un nuevo esquema de distribución de las regalías mineras para devolver un mayor protagonismo económico a los municipios en Río Negro.

La iniciativa busca derogar el artículo 5 de la Ley 5704 y modificar la Ley Q N° 3900, con el objetivo de destinar un 30% de estos fondos a las localidades y comisiones de fomento de donde se extraigan los minerales, un 10% a los distritos no productores, un 10% a la Secretaría de Minería y el 50% restante a rentas generales.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta por los legisladores José Luis Berros (VcT), Ayelén Spósito (VcT), Magdalena Odarda (VcT), Fabián Pilquinao (VcT), Luciano D. Sempé (VcT), Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich. 

En sus fundamentos, los autores argumentan que la reforma sancionada a fines de 2023 “vulneró el federalismo interno en la provincia, al no respetar las autonomías municipales en las decisiones y acuerdos sobre la participación y distribución de los recursos generados por la actividad minera”.

El documento legislativo hace hincapié en la necesidad de aplicar un “federalismo de concertación”, recordando jurisprudencia de la Corte Suprema al afirmar que “el federalismo no es una lucha de soberanías, sino un sistema de auxilio recíproco”. 

En esta línea, los parlamentarios aseguran que otorgar mayores recursos a las administraciones locales “fomentará el ecosistema de sostenibilidad social donde el trabajo digno y genuino sea la principal herramienta para reducir las brechas de desigualdad y potenciar el bienestar de sus habitantes”.

El debate por el reparto de estos fondos se reactiva en un momento clave, luego de que el gobierno provincial anunciara la primera exportación de oro rionegrino. Al respecto, el texto del proyecto subraya que frente a este hito económico es “donde toma dimensión la pérdida de recursos provenientes de regalías mineras a la que renunciaron los 39 municipios rionegrinos en la discusión unilateral del año 2023”.