Con el objetivo de lograr la reinserción laboral y social de quienes han sobrevivido a una de las formas más brutales del crimen organizado, la Legislatura de la Provincia de Río Negro tiene en sus manos un proyecto de ley que promueve la inclusión laboral de las víctimas del delito de trata de personas.

La iniciativa, cuya autoría pertenece a la legisladora Magdalena Odarda (retomando un texto anterior de Juan Facundo Montecino Odarda), propone como medida central la creación de un cupo obligatorio no inferior al 1% de la totalidad del personal del Estado para ser ocupado por personas rescatadas de estas redes de explotación.

El alcance en el sector público

De aprobarse la normativa, la obligación de contratación abarcará a los tres poderes del Estado provincial, sus organismos descentralizados o autárquicos y todas las empresas y sociedades donde el Estado tenga participación mayoritaria.

La ley no hace distinciones sobre la modalidad de contratación: el 1% será obligatorio tanto para el personal de planta permanente como para temporarios, contratados e incluso servicios tercerizados. Para lograr esto, las vacantes que se vayan produciendo en el Estado deberán reservarse prioritariamente para estas víctimas, siempre y cuando reúnan las condiciones de idoneidad requeridas para el puesto.

Incentivos para empresas privadas

El proyecto también busca el compromiso del sector privado a través de beneficios económicos. “Las empresas y empleadores que decidan contratar a víctimas de trata tendrán derecho a acceder a deducciones especiales en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos, Automotores o Inmobiliario”, remarca Odarda.

A su vez, el Estado establecerá un sistema de prioridad para comprar insumos y provisiones a aquellas compañías que acrediten tener en su plantilla a personas rescatadas de la trata.

Protección de la identidad y el “verdadero rescate”

Para coordinar estas acciones, el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo oficiará como autoridad de aplicación. Dicha cartera deberá crear registros actualizados de postulantes y de puestos de trabajo disponibles, además de asistir a las víctimas durante sus contrataciones.

Odarda subraya que “un aspecto clave de la ley es el resguardo de la privacidad: para ejercer estos derechos, se requerirá la autorización escrita de la persona damnificada, garantizando la absoluta confidencialidad de su identidad”.

En sus fundamentos, el proyecto resalta que “la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos y subraya la necesidad de abordar el verdadero rescate”. Según el texto, esto “no solo significa arrancar a la víctima de la red de explotación, sino también brindarle el derecho al trabajo libre de toda violencia, permitiéndole forjar una fuente de ingresos para progresar, mantener a su familia o regresar a su país de origen”.

“Río Negro se sumaría a provincias como Chaco y Catamarca, y a decenas de municipios en todo el país (desde Salta hasta Buenos Aires), que ya cuentan con legislaciones similares para combatir las secuelas del engaño y la esclavitud moderna”, finaliza la legisladora.