Los familiares de Agostina Jalabert denunciaron a los agentes fiscales del Estado de Quintana Roo, al fiscal general Óscar Montes de Oca y a la policía por “omisiones, impedimento o estorbo” a la investigación del femicidio. 

Los familiares de la joven maragata también hacen responsables a otros funcionarios del Ministerio Público: José Carlos Villarreal Rosillo, vicefiscal de asuntos internos y “superior inmediato” de los otros dos empleados acusados; Irlanda Ramírez Flores, fiscal “responsable inicial de la investigación” y Jacobo Gutu Ramírez, el policía especializado en homicidios que llevó el caso.

Una parte de la denuncia describe negligencias desde el inicio de la investigación: declaraciones manipuladas; “revictimizar” a Jalabert al señalar que su fallecimiento fue un suicidio debido a una supuesta “depresión” de la víctima; dejar ir a su presunto asesino, Reverter; ignorar el protocolo legal de feminicidio que, según los familiares y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debería haberse aplicado en el caso.

A la vez, en la denuncia revelaron irregularidades y una declaración “falsa” de la hermana de Agostina, donde el testimonio de la joven declara un supuesto suicidio.

Un informe sobre la autopsia determinó que Agostina fue torturada, golpeada y abusada antes de morir.