Brasil intenta asimilar el impacto del megaoperativo policial que paralizó Río de Janeiro y dejó una cifra récord de víctimas. En los complejos de Alemão y Penha, al norte de la ciudad, las fuerzas de seguridad lanzaron una acción coordinada para golpear al Comando Vermelho (CV), el grupo criminal más antiguo del país.

El resultado fue devastador: más de 100 personas muertas, decenas de detenidos y una ciudad en estado de conmoción. Mientras las autoridades hablan de un “duro golpe al narcotráfico”, organismos internacionales denuncian una masacre con rasgos de ejecución.

Una guerra urbana que dejó más preguntas que certezas

La operación, bautizada “Contención”, fue organizada por el gobierno del estado de Río, conducido por Cláudio Castro, y se desarrolló sin intervención del Ejecutivo nacional.

Según la versión oficial, el objetivo era “neutralizar” a líderes del Comando Vermelho y recuperar el control de zonas donde el narcotráfico actúa con armamento pesado.

Sin embargo, la magnitud del enfrentamiento sorprendió incluso a las propias fuerzas de seguridad: se reportaron 119 muertos (cuatro de ellos policías) y más de 110 arrestos, entre los que se encuentran diez adolescentes. Los agentes incautaron 91 fusiles y una cantidad indeterminada de drogas, aunque no se brindaron detalles sobre el tipo ni el volumen del material decomisado.

La más sangrienta del país

Con ese saldo, el operativo superó incluso a la masacre de Carandiru de 1992, cuando 111 presos fueron ejecutados por la Policía Militar en San Pablo.

En Río, los antecedentes más recientes datan de 2021 y 2022 -en Jacarezinho y Vila Cruzeiro- con 28 y 25 muertos respectivamente. En todas esas acciones, el patrón se repite: operativos masivos, comunidades pobres y víctimas jóvenes y negras.

Distancias políticas y reclamo internacional

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aclaró que el operativo no contó con participación del Gobierno federal, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde la ONU, tanto el secretario general António Guterres como el alto comisionado Volker Türk exigieron una investigación inmediata, al advertir que las muertes reflejan un patrón sistemático de violencia policial en el país. “Durante décadas, la brutalidad policial en Brasil se ha naturalizado. Es necesario romper ese ciclo y alinear las operaciones de seguridad con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, advirtió Türk.

También reconoció la complejidad que implica enfrentar a organizaciones criminales armadas, pero remarcó que “la respuesta del Estado no puede violar derechos fundamentales”. En ese sentido, sostuvo que toda acción policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

El funcionario de la ONU también hizo hincapié en la dimensión racial del problema, señalando que la mayoría de las víctimas de la violencia institucional en Brasil son jóvenes negros de zonas empobrecidas. “La fuerza letal solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesaria para proteger vidas humanas o prevenir daños graves”, subrayó.

Según estimaciones de Naciones Unidas, cerca de 5.000 personas mueren cada año en Brasil por intervenciones policiales, una cifra que revela un patrón de violencia sistemática. Türk insistió en que las reformas deben ser inmediatas y que las violaciones a los derechos humanos no pueden quedar impunes.

Identidades, denuncias y la sombra de las ejecuciones

Aún no se conoce la identidad de la mayoría de los fallecidos, lo que dificulta determinar cuántos pertenecían al Comando Vermelho y cuántos eran civiles.

Vecinos de las comunidades denunciaron allanamientos violentos y ejecuciones sumarias, mientras que la Fiscalía de Río solicitó al gobierno estadual un informe pormenorizado para establecer si el uso de la fuerza fue proporcional.

Entre los detenidos, fuentes locales señalan a Thiago “Belão” do Nascimento Mendes, presunto colaborador del jefe regional del CV, “Doca” Alves de Andrade, quien logró escapar durante la incursión.

Mientras la policía refuerza los controles y patrullajes, Río intenta volver a la normalidad, aunque el temor persiste. La “Operación Contención” no solo expuso la violencia enquistada en las favelas, sino que también abrió un nuevo frente político y diplomático que pone a Brasil frente a una pregunta urgente: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad?